Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia durante la dictadura y actual asesor de Juan Carlos Blumberg, fue imputado en el caso Timerman por el abogado de los hijos del ex director de La También los ex ministros Alberto Rodríguez Varela y Jaime Smart.
Por Victoria Ginzberg
El hombre entró a la sala de audiencias de los tribunales federales de La Plata en la que se realiza el juicio oral contra el cura Christian von Wernich. Llevaba traje y estaba serio. Se sentó y dijo su nombre completo: Alberto Rodríguez Varela. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, informó que hacía sólo un rato había pedido su detención. Lo acusaba, junto con otros siete ex funcionarios civiles de la última dictadura, de haber participado en delitos de lesa humanidad y puntualmente en el secuestro del periodista Jacobo Timerman. La declaración quedó interrumpida. El ex fiscal de Estado y ex ministro de Justicia pasó de testigo a imputado.
“¿Debe investigarse a aquellos funcionarios públicos que desde la Gobernación de la provincia de Buenos Aires formulaban una persecución ideológica a periodistas y medios de prensa? ¿Debe investigarse a aquellos funcionarios civiles que concurrían a los centros clandestinos de detención? ¿Debe investigarse a los funcionarios civiles que impartían órdenes y hasta organizaban la propia represión? ¿Debe investigarse a quienes realizaban acciones concretas para mantener en la clandestinidad las violaciones a los derechos humanos?”, se pregunta retóricamente en su denuncia Ramos Padilla. El mismo escrito es la respuesta.
El abogado hizo la presentación ante el juez Arnaldo Corazza, que tuvo a su cargo la investigación sobre el ex capellán de la Policía Bonaerense. Fue en nombre de Héctor y Javier Timerman, hijos de Jacobo, director del diario La Opinión que fue secuestrado el 15 de octubre de 1977 y que recuperó la libertad después de haber estado cautivo y haber sido torturado en diferentes centros clandestinos regenteados por el general Ramón Camps. En la denuncia se pide el arresto de:
- Ibérico Saint Jean: gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires entre el 8 de abril y el 28 de marzo de 1981.
- Jaime Lamond Smart: fue ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1978.
- Juan María Torino Olivieri: subsecretario de Gobierno de la provincia entre abril de 1976 y marzo de 1979.
- Héctor Munilla Lacasa: ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
- Edgardo Frola: subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia durante la gobernación de Saint Jean.
- Roberto Bullrich: ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Saint Jean.
- Roberto José María Durrieu: fue viceministro de Justicia de la Nación entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978.
- Alberto Rodríguez Varela: ministro de Justicia de la Nación entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978. Además de Rodríguez Varela, ayer estaban citados como testigos en el juicio contra Von Wernich, Smart y Durrieu. Al primero se le atragantó la declaración de la misma forma que a Rodríguez Varela: fue interrumpido cuando el presidente del tribunal, Carlos Rozanski, le preguntaba sobre sus datos personales y si estaba comprendido en las generales de la ley. A Durrieu, en cambio, se le atragantó el desayuno. No se presentó en la sala de audiencias pero fue a La Plata y esperó en un bar. Cuando se enteró de la denuncia de los hijos de Timerman, contraatacó con un escrito en el que pedía que lo relevaran de su declaración testimonial, lo que finalmente ocurrió. Luego envió un comunicado a los medios en el que anunciaba que iba a querellar a Ramos Padilla. “No tuve absolutamente ningún rol en la detención de Jacobo Timerman ni en ninguna otra acción de ningún tipo durante el proceso militar que no fuera la de ser un funcionario civil ocupado en temas técnicos, representando al Estado en juicio”, señaló allí Durrieu. El letrado fue representante del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y es militante contra las uniones entre gays y contra los movimientos piqueteros.
La presentación de Ramos Padilla no acusa a los ocho ex funcionarios civiles de la dictadura sólo de haber formado parte de la burocracia represiva. Tal como señaló Héctor Timerman –actual cónsul en Nueva York–, al declarar como testigo contra Von Wernich, se les imputa participación directa en el secuestro del director de La Opinión y haber estado presente durante los “interrogatorios” que iban acompañados de torturas.
Uno de los indicios que llevaron a involucrar a estos funcionarios surge de un libro que escribió el propio Camps.
Por Victoria Ginzberg
El hombre entró a la sala de audiencias de los tribunales federales de La Plata en la que se realiza el juicio oral contra el cura Christian von Wernich. Llevaba traje y estaba serio. Se sentó y dijo su nombre completo: Alberto Rodríguez Varela. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, informó que hacía sólo un rato había pedido su detención. Lo acusaba, junto con otros siete ex funcionarios civiles de la última dictadura, de haber participado en delitos de lesa humanidad y puntualmente en el secuestro del periodista Jacobo Timerman. La declaración quedó interrumpida. El ex fiscal de Estado y ex ministro de Justicia pasó de testigo a imputado.
“¿Debe investigarse a aquellos funcionarios públicos que desde la Gobernación de la provincia de Buenos Aires formulaban una persecución ideológica a periodistas y medios de prensa? ¿Debe investigarse a aquellos funcionarios civiles que concurrían a los centros clandestinos de detención? ¿Debe investigarse a los funcionarios civiles que impartían órdenes y hasta organizaban la propia represión? ¿Debe investigarse a quienes realizaban acciones concretas para mantener en la clandestinidad las violaciones a los derechos humanos?”, se pregunta retóricamente en su denuncia Ramos Padilla. El mismo escrito es la respuesta.
El abogado hizo la presentación ante el juez Arnaldo Corazza, que tuvo a su cargo la investigación sobre el ex capellán de la Policía Bonaerense. Fue en nombre de Héctor y Javier Timerman, hijos de Jacobo, director del diario La Opinión que fue secuestrado el 15 de octubre de 1977 y que recuperó la libertad después de haber estado cautivo y haber sido torturado en diferentes centros clandestinos regenteados por el general Ramón Camps. En la denuncia se pide el arresto de:
- Ibérico Saint Jean: gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires entre el 8 de abril y el 28 de marzo de 1981.
- Jaime Lamond Smart: fue ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1978.
- Juan María Torino Olivieri: subsecretario de Gobierno de la provincia entre abril de 1976 y marzo de 1979.
- Héctor Munilla Lacasa: ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
- Edgardo Frola: subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia durante la gobernación de Saint Jean.
- Roberto Bullrich: ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Saint Jean.
- Roberto José María Durrieu: fue viceministro de Justicia de la Nación entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978.
- Alberto Rodríguez Varela: ministro de Justicia de la Nación entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978. Además de Rodríguez Varela, ayer estaban citados como testigos en el juicio contra Von Wernich, Smart y Durrieu. Al primero se le atragantó la declaración de la misma forma que a Rodríguez Varela: fue interrumpido cuando el presidente del tribunal, Carlos Rozanski, le preguntaba sobre sus datos personales y si estaba comprendido en las generales de la ley. A Durrieu, en cambio, se le atragantó el desayuno. No se presentó en la sala de audiencias pero fue a La Plata y esperó en un bar. Cuando se enteró de la denuncia de los hijos de Timerman, contraatacó con un escrito en el que pedía que lo relevaran de su declaración testimonial, lo que finalmente ocurrió. Luego envió un comunicado a los medios en el que anunciaba que iba a querellar a Ramos Padilla. “No tuve absolutamente ningún rol en la detención de Jacobo Timerman ni en ninguna otra acción de ningún tipo durante el proceso militar que no fuera la de ser un funcionario civil ocupado en temas técnicos, representando al Estado en juicio”, señaló allí Durrieu. El letrado fue representante del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y es militante contra las uniones entre gays y contra los movimientos piqueteros.
La presentación de Ramos Padilla no acusa a los ocho ex funcionarios civiles de la dictadura sólo de haber formado parte de la burocracia represiva. Tal como señaló Héctor Timerman –actual cónsul en Nueva York–, al declarar como testigo contra Von Wernich, se les imputa participación directa en el secuestro del director de La Opinión y haber estado presente durante los “interrogatorios” que iban acompañados de torturas.
Uno de los indicios que llevaron a involucrar a estos funcionarios surge de un libro que escribió el propio Camps.
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