A treinta y seis años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976; que llevó adelante el plan genocida más criminal del que tengamos memoria desde el genocidio a nuestros pueblos originarios –aunque no olvidamos que tiempo antes la triple A ya venía asesinando a miles militantes–, venimos a reivindicar la memoria de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos, y a toda una generación de hombres y mujeres comprometidos con la lucha por una patria para todos, una generación heroica, que incluso dio su vida por una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.
Los cientos de juicios realizados (y en desarrollo) contra los genocidas de la dictadura, llevados adelante en todo el país (incluida en nuestra provincia); son el resultado de la lucha desplegada por más de treinta años; la muestra de que las victorias son posibles cuando una bandera es levantada por todo el pueblo, y la reafirmación de que el camino de memoria, verdad y justicia no admite retrocesos.
A sólo dos días de la sentencia en el segundo juicio contra ejecutores del terrorismo de Estado en Rosario, donde son juzgados una parte de los integrantes de la patota de Agustín Feced y el jerarca de la dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone –uno de los ideólogos del sistema de desaparición forzada de personas–, convocamos a todos y todas a hacerse presente frente a los Tribunales Federales de calle Oroño, para exigir una vez más a la justicia cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.
Del mismo modo los volveremos invitar los primeros días de Julio, cuando se inicie en esos tribunales, el primer juicio contra los represores de la dictadura de la hermana ciudad de San Nicolás, que tendrá lugar aquí en Rosario.
Al igual que sucedió con las luchas por la independencia a principio del siglo 19, durante las décadas del 60 y 70 Argentina vivió un proceso de enorme participación política del pueblo, en el que se debatió qué modelo de país se quería para el presente y para el futuro. Movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos, se multiplicaban por toda América del Sur, con el convencimiento de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad sin excluidos. Luchadores por la liberación nacional, el socialismo, revolucionarios y combatientes; con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, compartían la convicción de ir hacia un horizonte de justicia e igualdad, que se debía construir en un compromiso cotidiano.
La justicia social, la unión latinoamericana, los derechos los trabajadores, de la mujer, de los jubilados y de la niñez, fueron banderas de nuestros compañeros y son estandartes que nos siguen convocando a transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares.
Y así, como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de Estado, debemos seguir luchando por que se garantice para todo nuestro pueblo la vigencia irrestricta de los derechos humanos, entendidos estos en su sentido más amplio: donde todos los compatriotas tengan acceso al trabajo digno, a la vivienda, a la vejez, a la organización gremial, a la salud y educación públicas y gratuitas, a la infancia plena.
Por eso debemos estar junto a los trabajadores ocupados o desocupados, que frente a la inflación generada por los grandes intereses económicos formadores de precios, defienden la capacidad adquisitiva de sus salarios o planes sociales, y exigirle al poder político la profundización e implementación de políticas que vuelquen la balanza hacia la defensa de las condiciones de vida digna de los sectores populares. El Estado en todos sus niveles debe dar el ejemplo con condiciones laborales y salarios dignos para todos sus trabajadores.
Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura. Queremos remarcar que las propuestas de baja de la imputabilidad deben ser entendidas como un atentado contra la niñez y la adolescencia, así como el hambre de nuestro pibes, debe ser considerado un crimen.
“Hoy la juventud en los barrios viene siendo víctima de la connivencia entre el poder político, la policía y el narcotráfico. Como tantos otros, a comienzos de 2012 fueron asesinados Jeremías Trasante, Claudio Suarez y Adrian Rodrgiuez; "el Jere", "el Mono" y el Paton", tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán. Unamos las luchas por justicia para el Jere, Mono y Patón. ¡Castigo a los asesinos, encubridores, responsables materiales y políticos; integridad y seguridad para familiares, testigos y compañerxs!
La lucha por la tenencia de la tierra, vivienda y trabajo dignos, la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, no puede ser respondida con represión como ocurrió en diferentes provincias. Los asesinatos de Cristian Ferreyra del Mocase; Mariano Ferreyra; de la comunidad La Primavera de Formosa, Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churacuña o de Juan Quispe de Villa Soldatti, nos obligan a repudiar toda respuesta represiva contra las luchas populares.
"El respeto a la democracia y las libertades democráticas exigen nuestro firme repudio a actos de espionaje por parte de cualquiera de los poderes Nacionales Provinciales o Municipales del Estado como el caso de las ordenes de la justicia a la gendarmería, contra toda organización social, gremial, política y popular en general."
"Rechazamos toda ley que permita avanzar en el sentido de reprimir la protesta social, o deje al libre albedrío de los jueces o al uso discrecional de los mismos la interpretación de supuestos actos terroristas que deban ser reprimidos." Como en el caso de la Ley N° 26734 de combate al narco lavado y el terrorismo.
A su vez, debemos unir nuestras voces para impedir que los grandes capitales sigan profundizando el saqueo de las riquezas de nuestros suelos, ríos, mar y subsuelos; nueva gran estafa que pagarán las próximas generaciones de argentinos, y que hoy ya pagan, desde Tinogasta a San Lorenzo, los pueblos contaminados y fumigados, los campesinos desplazados, los pueblos originarios.
También debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en la que están inmersos numerosos países de nuestra América del Sur y el Caribe con proyectos como la Unión Sudamericana de Naciones ( UNASUR), o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La lucha por los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, de los jubilados y de nuestros chicos, son también banderas que nos convocan a la unidad. Así como celebramos como una importante conquista del año pasado la sanción de la nueva ley de matrimonio igualitario, debemos denunciar y repudiar el aumento de los femicidios y de los casos violencia familiar. También coincidimos en la necesidad de defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Debemos dejar en claro –y más aún ante las barbaridades que escuchamos reproducir hace apenas semanas, en una revista española que entrevistó al genocida máximo de nuestro país, Jorge Rafael Videla, como si fuera un preso político–, que el 24 de marzo de 1976, los militares golpistas, alcahuetes y empleados de los poderes imperiales, vinieron a barrer con las luchas y banderas de una generación que soñó otro país. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional desplegaron un estado de terror sistemático. Utilizaron el aparato del Estado para imponer una política en benefició de los grandes grupos económicos, liquidaron las libertades democráticas, las conquistas de los trabajadores y se dedicaron a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes.
Treinta mil desaparecidos, miles y miles de presos políticos y exilados, torturas, asesinatos, robos de bebes, ejecuciones sumarias presentadas como enfrentamientos, fueron el telón de fondo donde se desarrolló la tragedia de la nacionalización de las deudas privadas de grandes empresas como Acindar o el Swift, para generar la mas fabulosa estafa en la historia del país como es la deuda externa, la que deberá ser investigada. La relación entre esas empresas y el genocidio, entre otras denuncias, formaba parte de los expedientes robados de los tribunales rosarinos por los personeros de la impunidad. Pedimos que se reabra una investigación sobre la sustracción de esos expedientes.
A 30 años de Malvinas y de la histórica movilización del 30 de marzo del 1982, debemos señalar como otro de los aberrantes crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, el desastre que la dictadura realizó en las islas, donde centenares de jóvenes también murieron heroicamente a pesar de la traición de los genocidas –los cuales jamás mostraron interés real por la soberanía nacional, que fue vendida vergonzosamente durante el gobierno de facto–. Hoy los sobrevivientes de la guerra –a los que todos acompañamos en su reclamo–, impulsan juicios por los vejamenes y tormentos a los que fueron sometidos por los militares golpistas, donde reclaman que sean considerados crímenes de lesa humanidad. No renunciamos a la soberanía de nuestro pueblo sobre ese territorio nacional y sus recursos naturales, y repudiamos la militarización de esos territorios realizada por el gobierno pirata del Reino Unido.
Debemos decir que desde el mismo inicio del genocidio ya había empezado a gestarse la resistencia. Los organismos de derechos humanos, con Madres y Familiares a la cabeza, juntos a decenas de miles de trabajadores, estudiantes, artistas, intelectuales y referentes populares, bajo múltiples formas, comenzaron la lucha y la denuncia activa contra el genocidio, que seguía matando, desapareciendo, robando los hijos de los militantes asesinados.
En lo económico, la dictadura había abierto las bases de la exclusión social, la desocupación, la precarización laboral, y el modelo de país del cual todavía hoy sufrimos consecuencias: miles de familias sin trabajo, miles de niños y jóvenes sin oportunidades, nuevas formas de exclusión y de muerte. En esa faena los militares no estuvieron solos. Los acompañaron, los secundaron, los asesoraron distintos sectores como la iglesia, parte de los dirigentes de partidos políticos y dirigentes sindicales, importantes segmentos del poder judicial y periodistas, intelectuales y empresarios.
A 29 años de la caída de la dictadura y la instauración de un gobierno constitucional, las ilusiones y expectativas por el juicio y castigo se diluyeron muchas veces a lo largo de estos casi treinta años. Al fervor del Juicio a las Juntas les sucedieron la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto, que permitieron que los asesinos quedaran en libertad y hasta se presentaran como “políticos confiables”, como el caso de Patti, Bussi o Pedro Pili Rodríguez.
Durante décadas el FMI signó las políticas económicas del país, profundizando los efectos devastadores de la política de la dictadura. Vimos engrosar la lista de nuestros mártires con los nombres de Teresa Rodríguez, De Kostequi y Santillán, De Carlos Fuente Alba, del Pocho Lepratti y Graciela Acosta, de los asesinados 2001. Cientos de jóvenes ajusticiados por el gatillo fácil. La cárcel y persecución de miles de luchadores sociales que levantando la bandera de nuestros desaparecidos no abandonaron nunca la lucha.
Aquí debemos hacer un señalamiento ineludible: porque 2001 no sólo significa la puesta en crisis de un modelo; para nosotros, los rosarinos y santafesinos, también es el recuerdo de nuestros compañeros y compañeras, el de las nueve víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez, y el compromiso permanente con el reclamo de juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini! A diez años nos indigna la falta de voluntad política para impulsar una investigación independiente.
“La lucha contra la impunidad y la injusticia debe hacerse aun mas fuerte al cumplirse 10 años de los asesinatos de Dario Santillan y Maximiliano Kosteji. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.
El compromiso contra la impunidad nos debe impulsar en el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López. Su desaparición hace ya 5 años es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial. La necesidad de desterrar la impunidad hoy, se hace más presente que nunca frente a la desaparición de Luciano Arruga, del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, o del campesino del Mocase, Cristian Ferreyra. El homicidio en nuestra provincia de la sobreviviente de la dictadura, y declarante en la causa Brusa, Silvia Suppo, nos hacen poner la lupa sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los testigos.
Ha pasado mucho tiempo. Pero a partir de la lucha popular logramos algunos triunfos. La caída y nulidad de las leyes de impunidad abieron una nueva instancia, no sin dificultades y escollos: la acción sistemática del poder judicial para entorpecer y demorar los juicios y la complicidad de muchos estamentos de los poderes del Estado en todas sus formas.
Es importante para la salud de los pueblos festejar las victorias. Por eso celebramos las cinco condenas obtenidas en el marco del primer juicio a los genocidas en Rosario, en la causa Guerrieri, del mismo modo que lo hicimos con la sentencia de la causa Brusa en Santa Fe. Consideramos victorias también, arrebatadas a los genocidas, la recuperación de los cuerpos de tantos compañeros desaparecidos que fueron restituidos durante los últimos años en la provincia y el país.
Consideramos este momento de juzgamiento a los represores de la dictadura como una victoria. Pequeña todavía –faltan cientos de juicios–, pero victoria al fin. Será responsabilidad de todos nosotros continuar la pelea para que los genocidas tengan lo que corresponde: cadena perpetua con cárcel común y efectiva.
Exigimos el fin del pseudgarantismo de muchos jueces, que sólo son garantistas cuando los genocidas piden prisión domiciliaria. También exigimos que las violaciones cometidas en los centros clandestinos de detención sean juzgadas como crímenes de lesa humanidad.
Respaldamos la sanción de leyes reparatorias integrales para los sobrevivientes del terrorismo de Estado en nuestra provincia como ya se hizo en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones.
Tenemos en claro que lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas, es el compromiso de millones de personas que se expresa en esta multitudinaria movilización; es la lucha de distintos sectores y organizaciones. Ese compromiso es el que nos posibilita afirmar que aquella consigna de Juicio y Castigo, no alude solamente al reclamo de justicia por los crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró. El juzgamiento a los ejecutores del genocidio debe permitir una construcción social que reflexione y articule alternativas a la herencia de fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado.
Pero no queremos ni podemos quedarnos acá. Queremos ir por más. Queremos cada vez más instalar los juicios contra los genocidas en toda la sociedad. Queremos ver condenados a los asesinos, y no sólo a cinco (como en el histórico juicio Guerrieri-Ámelong), sino a todos.
Por eso los convocamos una vez más, ante la sentencia de la causa Díaz Bessone, a hacerse presentes este 26 de marzo a las 10 de la mañana frente a los tribunales de Oroño 940, para ser parte de una gran cadena humana y solidaria que acompañe a testigos, querellantes y organizaciones de derechos humanos a exigir los que reclamamos hace más de treinta años: cárcel para los genocidas.
Creemos que es el mejor homenaje que podemos rendir a la lucha de más de treinta y seis años y a nuestros desaparecidos.
¡Cadena Perpetua y cárcel común y efectiva para los genocidas del juicio Díaz Bessone!
¡Sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad!
¡Juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de estado y sus cómplices!
¡Prisión preventiva para todos los represores!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
Repudiamos la obstrucción a la justicia que el grupo Clarín realiza para no permitir que se conozca la identidad de los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble.
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Exigimos una investigación amplia sobre el asesinato de Silvia Suppo, que no esconda la hipótesis del homicidio político!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba, Roberto López, Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churacuña, Juan Quispe de Villa Soldatti, Mariano Ferreyra, Cristian Ferreyra.
¡Exigimos la derogación de toda ley que habilite la criminalización de la protesta social!
¡Repudiamos todo acto de espionaje a las organizaciones sociales y populares!
¡Y exigimos que esa Justicia que deja impunes a los asesinos de estos compañeros, no persiga y procese a los luchadores sociales!¡No a la judicialización de la protesta! Cierre de las causas de los estudiantes de la UNR!
¡Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los 35 asesinatos de diciembre de 2001!
¡Justicia para el Jere, Mono, Patón!
¡Exigimos la aceleración de las tantísimas causas por crímenes del terrorismo de estado que todavía duermen en los tribunales!
¡Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados ex combatientes de Malvinas, sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad!
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Por el triunfo de todas las luchas populares en el camino de la distribución de la riqueza y la justicia social. 30.000 compañeros desaparecidos: ¡Presentes, ahora y siempre!
Primeras adhesiones:
APDH
Familiares de detenidos desaparecidos
H.I.J.O.S.
Colectivo de ex presos y sobrevivientes
Asociación de ex presos políticos 22 de agosto
COAD
Partido Solidaridad e Igualdad
COMISIÓN GREMIAL
Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha
CENTRO CULTURAL DE LA TOMA
Corriente Peronista JP Descamisados
Agrupación Envar El Kadri
Movimiento Evita
Juventud Peronista Evita
Unión de Estudiantes Secundarios (UES)
SITRATEL
Amsafe provincial
CTA Provincial
ATE Provincial
Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé Provincial
Juventud CTA
FTV
Mesa de Encuentro Barrial
Movimiento de Articulación Popular (MAP)
Sindicato de Prensa Rosario
Grupo Aluvión Psicología
Movimiento Martín Fierro Rosario
Daniel Couselo, secretario general de Amsafé Rosario
Diego Mattos, secretario de prensa Amsafé Rosario
Claudio Ciani (secretario de relaciones institucionales CTA Rosario)
Elena Rigatuso, secretaría primaria Amsafe Rosario
Gabriela Pereyra Secretaría nivel Inicial Amsafe Rosario
Jose Luí Ciotta Secretaría de Asuntos (suplente)Amsafe Rosario
Claudia Abranam secretaría de prensa suplente, Amsafe Rosario
Frente Popular Darío Santillán
Agrupación 27 de oKtubre
Agrupación Socios e Hinchas Autoconvocados del Club Atlético Newell's Old Boys
Comisión Directiva del club Atlético Newell's Old Boys
Sub comisión del hincha Newell's Old Boys
Los cientos de juicios realizados (y en desarrollo) contra los genocidas de la dictadura, llevados adelante en todo el país (incluida en nuestra provincia); son el resultado de la lucha desplegada por más de treinta años; la muestra de que las victorias son posibles cuando una bandera es levantada por todo el pueblo, y la reafirmación de que el camino de memoria, verdad y justicia no admite retrocesos.
A sólo dos días de la sentencia en el segundo juicio contra ejecutores del terrorismo de Estado en Rosario, donde son juzgados una parte de los integrantes de la patota de Agustín Feced y el jerarca de la dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone –uno de los ideólogos del sistema de desaparición forzada de personas–, convocamos a todos y todas a hacerse presente frente a los Tribunales Federales de calle Oroño, para exigir una vez más a la justicia cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.
Del mismo modo los volveremos invitar los primeros días de Julio, cuando se inicie en esos tribunales, el primer juicio contra los represores de la dictadura de la hermana ciudad de San Nicolás, que tendrá lugar aquí en Rosario.
Al igual que sucedió con las luchas por la independencia a principio del siglo 19, durante las décadas del 60 y 70 Argentina vivió un proceso de enorme participación política del pueblo, en el que se debatió qué modelo de país se quería para el presente y para el futuro. Movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos, se multiplicaban por toda América del Sur, con el convencimiento de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad sin excluidos. Luchadores por la liberación nacional, el socialismo, revolucionarios y combatientes; con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, compartían la convicción de ir hacia un horizonte de justicia e igualdad, que se debía construir en un compromiso cotidiano.
La justicia social, la unión latinoamericana, los derechos los trabajadores, de la mujer, de los jubilados y de la niñez, fueron banderas de nuestros compañeros y son estandartes que nos siguen convocando a transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares.
Y así, como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de Estado, debemos seguir luchando por que se garantice para todo nuestro pueblo la vigencia irrestricta de los derechos humanos, entendidos estos en su sentido más amplio: donde todos los compatriotas tengan acceso al trabajo digno, a la vivienda, a la vejez, a la organización gremial, a la salud y educación públicas y gratuitas, a la infancia plena.
Por eso debemos estar junto a los trabajadores ocupados o desocupados, que frente a la inflación generada por los grandes intereses económicos formadores de precios, defienden la capacidad adquisitiva de sus salarios o planes sociales, y exigirle al poder político la profundización e implementación de políticas que vuelquen la balanza hacia la defensa de las condiciones de vida digna de los sectores populares. El Estado en todos sus niveles debe dar el ejemplo con condiciones laborales y salarios dignos para todos sus trabajadores.
Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura. Queremos remarcar que las propuestas de baja de la imputabilidad deben ser entendidas como un atentado contra la niñez y la adolescencia, así como el hambre de nuestro pibes, debe ser considerado un crimen.
“Hoy la juventud en los barrios viene siendo víctima de la connivencia entre el poder político, la policía y el narcotráfico. Como tantos otros, a comienzos de 2012 fueron asesinados Jeremías Trasante, Claudio Suarez y Adrian Rodrgiuez; "el Jere", "el Mono" y el Paton", tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán. Unamos las luchas por justicia para el Jere, Mono y Patón. ¡Castigo a los asesinos, encubridores, responsables materiales y políticos; integridad y seguridad para familiares, testigos y compañerxs!
La lucha por la tenencia de la tierra, vivienda y trabajo dignos, la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, no puede ser respondida con represión como ocurrió en diferentes provincias. Los asesinatos de Cristian Ferreyra del Mocase; Mariano Ferreyra; de la comunidad La Primavera de Formosa, Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churacuña o de Juan Quispe de Villa Soldatti, nos obligan a repudiar toda respuesta represiva contra las luchas populares.
"El respeto a la democracia y las libertades democráticas exigen nuestro firme repudio a actos de espionaje por parte de cualquiera de los poderes Nacionales Provinciales o Municipales del Estado como el caso de las ordenes de la justicia a la gendarmería, contra toda organización social, gremial, política y popular en general."
"Rechazamos toda ley que permita avanzar en el sentido de reprimir la protesta social, o deje al libre albedrío de los jueces o al uso discrecional de los mismos la interpretación de supuestos actos terroristas que deban ser reprimidos." Como en el caso de la Ley N° 26734 de combate al narco lavado y el terrorismo.
A su vez, debemos unir nuestras voces para impedir que los grandes capitales sigan profundizando el saqueo de las riquezas de nuestros suelos, ríos, mar y subsuelos; nueva gran estafa que pagarán las próximas generaciones de argentinos, y que hoy ya pagan, desde Tinogasta a San Lorenzo, los pueblos contaminados y fumigados, los campesinos desplazados, los pueblos originarios.
También debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en la que están inmersos numerosos países de nuestra América del Sur y el Caribe con proyectos como la Unión Sudamericana de Naciones ( UNASUR), o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La lucha por los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, de los jubilados y de nuestros chicos, son también banderas que nos convocan a la unidad. Así como celebramos como una importante conquista del año pasado la sanción de la nueva ley de matrimonio igualitario, debemos denunciar y repudiar el aumento de los femicidios y de los casos violencia familiar. También coincidimos en la necesidad de defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Debemos dejar en claro –y más aún ante las barbaridades que escuchamos reproducir hace apenas semanas, en una revista española que entrevistó al genocida máximo de nuestro país, Jorge Rafael Videla, como si fuera un preso político–, que el 24 de marzo de 1976, los militares golpistas, alcahuetes y empleados de los poderes imperiales, vinieron a barrer con las luchas y banderas de una generación que soñó otro país. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional desplegaron un estado de terror sistemático. Utilizaron el aparato del Estado para imponer una política en benefició de los grandes grupos económicos, liquidaron las libertades democráticas, las conquistas de los trabajadores y se dedicaron a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes.
Treinta mil desaparecidos, miles y miles de presos políticos y exilados, torturas, asesinatos, robos de bebes, ejecuciones sumarias presentadas como enfrentamientos, fueron el telón de fondo donde se desarrolló la tragedia de la nacionalización de las deudas privadas de grandes empresas como Acindar o el Swift, para generar la mas fabulosa estafa en la historia del país como es la deuda externa, la que deberá ser investigada. La relación entre esas empresas y el genocidio, entre otras denuncias, formaba parte de los expedientes robados de los tribunales rosarinos por los personeros de la impunidad. Pedimos que se reabra una investigación sobre la sustracción de esos expedientes.
A 30 años de Malvinas y de la histórica movilización del 30 de marzo del 1982, debemos señalar como otro de los aberrantes crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, el desastre que la dictadura realizó en las islas, donde centenares de jóvenes también murieron heroicamente a pesar de la traición de los genocidas –los cuales jamás mostraron interés real por la soberanía nacional, que fue vendida vergonzosamente durante el gobierno de facto–. Hoy los sobrevivientes de la guerra –a los que todos acompañamos en su reclamo–, impulsan juicios por los vejamenes y tormentos a los que fueron sometidos por los militares golpistas, donde reclaman que sean considerados crímenes de lesa humanidad. No renunciamos a la soberanía de nuestro pueblo sobre ese territorio nacional y sus recursos naturales, y repudiamos la militarización de esos territorios realizada por el gobierno pirata del Reino Unido.
Debemos decir que desde el mismo inicio del genocidio ya había empezado a gestarse la resistencia. Los organismos de derechos humanos, con Madres y Familiares a la cabeza, juntos a decenas de miles de trabajadores, estudiantes, artistas, intelectuales y referentes populares, bajo múltiples formas, comenzaron la lucha y la denuncia activa contra el genocidio, que seguía matando, desapareciendo, robando los hijos de los militantes asesinados.
En lo económico, la dictadura había abierto las bases de la exclusión social, la desocupación, la precarización laboral, y el modelo de país del cual todavía hoy sufrimos consecuencias: miles de familias sin trabajo, miles de niños y jóvenes sin oportunidades, nuevas formas de exclusión y de muerte. En esa faena los militares no estuvieron solos. Los acompañaron, los secundaron, los asesoraron distintos sectores como la iglesia, parte de los dirigentes de partidos políticos y dirigentes sindicales, importantes segmentos del poder judicial y periodistas, intelectuales y empresarios.
A 29 años de la caída de la dictadura y la instauración de un gobierno constitucional, las ilusiones y expectativas por el juicio y castigo se diluyeron muchas veces a lo largo de estos casi treinta años. Al fervor del Juicio a las Juntas les sucedieron la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto, que permitieron que los asesinos quedaran en libertad y hasta se presentaran como “políticos confiables”, como el caso de Patti, Bussi o Pedro Pili Rodríguez.
Durante décadas el FMI signó las políticas económicas del país, profundizando los efectos devastadores de la política de la dictadura. Vimos engrosar la lista de nuestros mártires con los nombres de Teresa Rodríguez, De Kostequi y Santillán, De Carlos Fuente Alba, del Pocho Lepratti y Graciela Acosta, de los asesinados 2001. Cientos de jóvenes ajusticiados por el gatillo fácil. La cárcel y persecución de miles de luchadores sociales que levantando la bandera de nuestros desaparecidos no abandonaron nunca la lucha.
Aquí debemos hacer un señalamiento ineludible: porque 2001 no sólo significa la puesta en crisis de un modelo; para nosotros, los rosarinos y santafesinos, también es el recuerdo de nuestros compañeros y compañeras, el de las nueve víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez, y el compromiso permanente con el reclamo de juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini! A diez años nos indigna la falta de voluntad política para impulsar una investigación independiente.
“La lucha contra la impunidad y la injusticia debe hacerse aun mas fuerte al cumplirse 10 años de los asesinatos de Dario Santillan y Maximiliano Kosteji. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.
El compromiso contra la impunidad nos debe impulsar en el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López. Su desaparición hace ya 5 años es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial. La necesidad de desterrar la impunidad hoy, se hace más presente que nunca frente a la desaparición de Luciano Arruga, del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, o del campesino del Mocase, Cristian Ferreyra. El homicidio en nuestra provincia de la sobreviviente de la dictadura, y declarante en la causa Brusa, Silvia Suppo, nos hacen poner la lupa sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los testigos.
Ha pasado mucho tiempo. Pero a partir de la lucha popular logramos algunos triunfos. La caída y nulidad de las leyes de impunidad abieron una nueva instancia, no sin dificultades y escollos: la acción sistemática del poder judicial para entorpecer y demorar los juicios y la complicidad de muchos estamentos de los poderes del Estado en todas sus formas.
Es importante para la salud de los pueblos festejar las victorias. Por eso celebramos las cinco condenas obtenidas en el marco del primer juicio a los genocidas en Rosario, en la causa Guerrieri, del mismo modo que lo hicimos con la sentencia de la causa Brusa en Santa Fe. Consideramos victorias también, arrebatadas a los genocidas, la recuperación de los cuerpos de tantos compañeros desaparecidos que fueron restituidos durante los últimos años en la provincia y el país.
Consideramos este momento de juzgamiento a los represores de la dictadura como una victoria. Pequeña todavía –faltan cientos de juicios–, pero victoria al fin. Será responsabilidad de todos nosotros continuar la pelea para que los genocidas tengan lo que corresponde: cadena perpetua con cárcel común y efectiva.
Exigimos el fin del pseudgarantismo de muchos jueces, que sólo son garantistas cuando los genocidas piden prisión domiciliaria. También exigimos que las violaciones cometidas en los centros clandestinos de detención sean juzgadas como crímenes de lesa humanidad.
Respaldamos la sanción de leyes reparatorias integrales para los sobrevivientes del terrorismo de Estado en nuestra provincia como ya se hizo en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones.
Tenemos en claro que lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas, es el compromiso de millones de personas que se expresa en esta multitudinaria movilización; es la lucha de distintos sectores y organizaciones. Ese compromiso es el que nos posibilita afirmar que aquella consigna de Juicio y Castigo, no alude solamente al reclamo de justicia por los crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró. El juzgamiento a los ejecutores del genocidio debe permitir una construcción social que reflexione y articule alternativas a la herencia de fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado.
Pero no queremos ni podemos quedarnos acá. Queremos ir por más. Queremos cada vez más instalar los juicios contra los genocidas en toda la sociedad. Queremos ver condenados a los asesinos, y no sólo a cinco (como en el histórico juicio Guerrieri-Ámelong), sino a todos.
Por eso los convocamos una vez más, ante la sentencia de la causa Díaz Bessone, a hacerse presentes este 26 de marzo a las 10 de la mañana frente a los tribunales de Oroño 940, para ser parte de una gran cadena humana y solidaria que acompañe a testigos, querellantes y organizaciones de derechos humanos a exigir los que reclamamos hace más de treinta años: cárcel para los genocidas.
Creemos que es el mejor homenaje que podemos rendir a la lucha de más de treinta y seis años y a nuestros desaparecidos.
¡Cadena Perpetua y cárcel común y efectiva para los genocidas del juicio Díaz Bessone!
¡Sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad!
¡Juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de estado y sus cómplices!
¡Prisión preventiva para todos los represores!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
Repudiamos la obstrucción a la justicia que el grupo Clarín realiza para no permitir que se conozca la identidad de los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble.
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Exigimos una investigación amplia sobre el asesinato de Silvia Suppo, que no esconda la hipótesis del homicidio político!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba, Roberto López, Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churacuña, Juan Quispe de Villa Soldatti, Mariano Ferreyra, Cristian Ferreyra.
¡Exigimos la derogación de toda ley que habilite la criminalización de la protesta social!
¡Repudiamos todo acto de espionaje a las organizaciones sociales y populares!
¡Y exigimos que esa Justicia que deja impunes a los asesinos de estos compañeros, no persiga y procese a los luchadores sociales!¡No a la judicialización de la protesta! Cierre de las causas de los estudiantes de la UNR!
¡Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los 35 asesinatos de diciembre de 2001!
¡Justicia para el Jere, Mono, Patón!
¡Exigimos la aceleración de las tantísimas causas por crímenes del terrorismo de estado que todavía duermen en los tribunales!
¡Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados ex combatientes de Malvinas, sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad!
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Por el triunfo de todas las luchas populares en el camino de la distribución de la riqueza y la justicia social. 30.000 compañeros desaparecidos: ¡Presentes, ahora y siempre!
Primeras adhesiones:
APDH
Familiares de detenidos desaparecidos
H.I.J.O.S.
Colectivo de ex presos y sobrevivientes
Asociación de ex presos políticos 22 de agosto
COAD
Partido Solidaridad e Igualdad
COMISIÓN GREMIAL
Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha
CENTRO CULTURAL DE LA TOMA
Corriente Peronista JP Descamisados
Agrupación Envar El Kadri
Movimiento Evita
Juventud Peronista Evita
Unión de Estudiantes Secundarios (UES)
SITRATEL
Amsafe provincial
CTA Provincial
ATE Provincial
Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé Provincial
Juventud CTA
FTV
Mesa de Encuentro Barrial
Movimiento de Articulación Popular (MAP)
Sindicato de Prensa Rosario
Grupo Aluvión Psicología
Movimiento Martín Fierro Rosario
Daniel Couselo, secretario general de Amsafé Rosario
Diego Mattos, secretario de prensa Amsafé Rosario
Claudio Ciani (secretario de relaciones institucionales CTA Rosario)
Elena Rigatuso, secretaría primaria Amsafe Rosario
Gabriela Pereyra Secretaría nivel Inicial Amsafe Rosario
Jose Luí Ciotta Secretaría de Asuntos (suplente)Amsafe Rosario
Claudia Abranam secretaría de prensa suplente, Amsafe Rosario
Frente Popular Darío Santillán
Agrupación 27 de oKtubre
Agrupación Socios e Hinchas Autoconvocados del Club Atlético Newell's Old Boys
Comisión Directiva del club Atlético Newell's Old Boys
Sub comisión del hincha Newell's Old Boys
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