A
35 años de la adopción fraudulenta de Marcela y Felipe, su apropiadora y el
Grupo económico Clarín, que ella preside, intentan borrar todas las pruebas del
delito. Días atrás, el Grupo difundió otra mentira, diciendo que la
investigación por la apropiación debería cerrarse, al afirmar que “Confirman
que no son hijos de desaparecidos”, al haberse completado todos los estudios de
ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y al no haber obtenido
resultados compatibles con ninguna familia de las analizadas hasta ahora. Pero
en la misma nota afirman que aún “quedan unas pocas muestras” que restan
reunirse, lo que contradice que el caso deba ser cerrado: seguirá abierto hasta
que se establezca la verdadera identidad de ambos. Ningún caso cuya muestra
genética sea excluyente con todas las incorporadas al BNDG es cerrado, porque
la única manera de clausurarlo es cuando se consigue un resultado compatible en
un porcentaje que demuestre una filiación. Marcela y Felipe siguen sin
respuestas. Las muestras de ambos quedarán, como todas las demás, guardadas
para futuros entrecruzamientos genéticos, a medida que se vayan incluyendo más
familias analizadas al BNDG. Por diversos motivos, hasta el momento, sólo se
han podido completar alrededor de 200 de los 500 grupos familiares.
El
fin de la impunidad no es sólo la condena a los genocidas, sino que también es
-entre otras cosas- la restitución de la identidad de nuestros hermanos
apropiados. Cada caso es particular, pero, definitivamente, ninguno llegó
a tener la falta de anonimato y preservación de información que tiene el caso
de Marcela y Felipe Noble. Y esa exposición siempre fue responsabilidad de la
misma persona que durante años hizo todo lo posible por impedir el avance de la
justicia para garantizar el derecho a la identidad de ambos: Ernestina Herrera
de Noble.
Permanentemente,
desde el multimedio se difundió información tergiversada sobre la causa.
Durante muchos años no se hablaba del tema en los medios masivos de
comunicación. Nadie se tomaba el sencillo trabajo de cruzar lo publicado por
Clarín con los fallos judiciales, para constatar las mentiras de ese diario.
Pero la impunidad no es eterna. Desde hace 9 años, en nuestro país se terminó
el tiempo cómodo para los civiles que cometieron delitos de lesa humanidad.
Hay
verdades que no deben ser olvidadas: 1- El trámite con el que fueron anotados
Marcela y Felipe en la familia es irregular. Dado que esto se cometió en un
terrorismo de Estado, son delitos de lesa humanidad en el marco de un
genocidio. 2- La jueza Ofelia Hejt, designada durante la dictadura, fue la que
intervino en la adopción ilegal de Marcela y Felipe, y la misma que en abril de
1977 entregó en guarda a Andrés La Blunda, de 3 meses de vida, quien en 1984
recuperó su identidad. 3- Ana María Di Lonardo, quien fue directora del BNDG
durante muchos años, es la genetista de Herrera de Noble en la causa:
justamente, la persona que durante años accedió a esa información valiosa, hoy
resulta un eslabón fundamental del oscurantismo. 4- Ernestina Herrera de Noble
está procesada en la causa Nº 2270 del Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de San Isidro, Secretaría Nº 5.
El
pueblo argentino no se deja engañar más, a pesar de las mentiras de Clarín y de
los que pretenden volver a tejer pactos con la impunidad, pero ese tiempo se
terminó. La verdad triunfa, nos lo enseñaron las Abuelas con cada abrazo a sus
nietos, las Madres, Padres y Familiares con sus ejemplos de lucha y amor. Lo
dice el pueblo que sabe quién es quién y pone a Ernestina Herrera de Noble
donde debe estar: en la lista de los que deben responder ante la justicia por
delitos de lesa humanidad.
H.I.J.O.S. Regional
Capital
Hijos e Hijas por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
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