Treinta mil compañeros y compañeras, presentes
A 41 años del golpe genocida, volvemos a este histórico Monumento, sobre estas barrancas del río Paraná en las que se enarboló por primera vez nuestra bandera, a defender los mismos sueños que nacieran durante la revolución de mayo de 1810, de construir una nación independiente, con justicia e igualdad. Esa patria por la que también lucharon los hombres y mujeres en las décadas del sesenta y setenta y que el terrorismo de Estado, instigado por el poder económico y el imperio, pretendió sepultar mediante un plan sistemático de exterminio a base de secuestros, torturas, robos de bebés y la desaparición de 30 mil compatriotas.
Hoy, el gobierno del presidente Mauricio Macri vuelve a aplicar el mismo modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego por la dictadura, con su plan de endeudamiento y sumisión ante el FMI y las grandes potencias mundiales. Por eso no es casual que mientras entrega la riqueza y los intereses nacionales, como nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, o abre las importaciones en perjuicio de la producción y el trabajo argentinos, promueve el perdón de los criminales de lesa humanidad y desmantela las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión en la historia nacional. El genocidio interrumpió y fracturó la valiosa trama social, política y cultural que había resistido los intentos de hacer retroceder a los trabajadores y al pueblo en general, en sus conquistas sociales y políticas.
En esos años Argentina no estaba ajena a los procesos de liberación en América Latina. Es por esa razón que los aliados internos del imperialismo en cada país de nuestro continente aplicaron la misma estrategia represiva: utilizaron los ejércitos locales, formados estos en la doctrina francesa con la ayuda del ejército norteamericano y el posgrado en genocidio que dictó a los militares argentinos en la Escuela de las Américas.
Las víctimas de la dictadura fueron obreros, militantes gremiales, sociales y políticos, estudiantes, religiosos, cooperativistas, o cualquier persona que significara una resistencia al proyecto que pretendían instaurar. El terrorismo de Estado apuntó a eliminar esa resistencia y a instalar el terror generalizado en la sociedad, para que esta se paralice, y así aplicar su plan económico neoliberal.
El genocidio montó centenares de centros clandestinos de detención en nuestro país. Allí sometió a decenas de miles de detenidos-desaparecidos a torturas inimaginables. Hoy, exigimos que esos lugares sean testimonio vivo de lo que fue el terrorismo de Estado.
En este marco, recordamos que el año pasado en este mismo lugar, exigimos que La Calamita, uno de esos centros que funcionó en nuestra región, sea expropiado por la Provincia, hecho que no ocurrió como se planteaba en la ley sancionada por la legislatura santafesina. Finalmente no hubo una expropiación como reclamamos, sino una donación, pero igual vemos un paso importante producto de nuestra lucha, que ahora continúa para que allí se construya un espacio de memoria.
En el mismo sentido, exigimos el cumplimiento de la ley de expropiación de la Quinta de Funes.
Como ocurre nuevamente en estos días, la dictadura destruyó industrias gracias a la apertura de las importaciones, provocó despidos masivos y multiplicó geométricamente la deuda externa transformando la economía nacional en una economía dependiente. Lo único que estatizaron los privatizadores de Cavallo y Martínez de Hoz, fue la deuda contraída en el exterior por las grandes empresas, entre las que se destacó la de la familia Macri, beneficiada en 170 millones de dólares. En una operación similar, semanas atrás el actual presidente quiso perdonar la deuda de Correo Argentino SA, otra empresa de su familia, en nada menos que 70 mil millones de pesos.
La dependencia económica que se impuso con el genocidio, trajo consigo la dependencia cultural y política. Nuestro país fue sometido a la peor supresión de libertad de expresión. En ese momento se crearon las condiciones para el desarrollo de los medios periodísticos hoy hegemónicos. Los grandes grupos de medios, televisión y radio, defendieron (y siguen defendiendo) permanentemente las ideas e intereses del poder empresarial concentrado, acompañado además por el poder eclesial, judicial, sectores políticos y sindicales.
Desde el mismo momento en que los dictadores se apropiaron del gobierno, comenzó la resistencia del pueblo y sus organizaciones, con las Madres de la Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos a la cabeza. Una resistencia que fue creciendo bajo el reclamo de aparición con vida, de restitución de los nietos, de juicio y castigo a los represores, que nos permitió llegar, a partir de 2003, y tras el frustrado proceso del Juicio a las Juntas –con las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos–, a la reapertura de los procesos legales contra los genocidas.
Según el último informe de la Procuración Federal, desde la reanudación de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, 733 asesinos y torturadores fueron condenados, de los cuales solo la mitad está en cárceles comunes. Hay miles todavía que están procesados sin sentencia. No nos olvidamos que muchos represores continúan prófugos, entre ellos numerosos civiles. Y otros son dejados en libertad como Carlos Sfulcini, a quien venimos de escrachar el pasado 18 de marzo. Debemos remarcar que la Justicia, tantas veces cómplice de la impunidad, es peor aún cuando los acusados son los grandes empresarios instigadores, cómplices y beneficiarios de la dictadura, de apellidos como Acevedo, Blaquier, Herrera de Noble, Mitre, Magnetto o Massot.
Ese mismo poder judicial, que se resiste a avanzar en las responsabilidades civiles y económicas y se niega a considerar delitos de lesa humanidad los cometidos contra nuestros héroes los ex combatiente de Malvinas, es el mismo que se acelera cuando los perseguidos son luchadores o referentes sociales como Milagro Sala. Es el mismo que lleva 15 años sin condenar a los responsables políticos por la masacre de 2001 y que mira para otro lado cuando los muertos son los pibes y pibas de los barrios, asesinados por la policía o torturados en cárceles y comisarías.
La lucha de los desaparecidos, como nos enseñaron las Madres, es un puente entre las banderas históricas que nuestro pueblo levanta desde los orígenes de la nación hasta nuestro presente. Es la que da sentido y explica la que llevan adelante los sindicatos que reclaman salarios y trabajo digno y paritarias sin techo; la de los desocupados y los jubilados; la de los pueblos originarios y las comunidades campesinas en defensa de nuestras riquezas naturales y contra el saqueo de las mineras y los agrotóxicos; la de las compañeras que gritan “ni una menos”; la de las madres y las organizaciones sociales y comunitarias que claman que “paren de matar a los pibes de los barrios”; la de quienes peleamos por una patria para todos.
Con puntos de contacto, pero también con sus singularidades, los distintos pueblos de latinoamérica dimos importantes pasos de integración, ampliación de soberanía, recuperación de derechos y conquistas en los últimos años. En nuestro país, el juzgamiento a los genocidas, la asignación universal por hijo, las paritarias, el matrimonio igualitario, entre otros, junto con la definición estratégica de estrechar lazos con nuestros hermanos del Unasur y la Celac, son avances para el pueblo sobre los que no debemos dar ni un paso atrás.
Del mismo modo, reivindicamos el derecho del pueblo a seguir organizándose y luchar por una sociedad mejor, que avance hacia el fin de la pobreza, la inclusión de todos los sectores sociales, sin trata de personas, con derecho a la comunicación, a la justicia, a la tierra y la vivienda; con derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que recupere todos los recursos naturales, y respete a nuestro pueblos originarios.
Aprendimos, en tantos años de lucha de nuestro pueblo, que la realidad se cambia con la organización colectiva, con participación política y con Memoria, Verdad y Justicia. Por eso una vez más, decimos: ¡30 mil compañeros desaparecidos, presentes!
Consignas
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Restitución de los hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas. Juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de Estado, partícipes y beneficiarios del poder económico y sus cómplices. Sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad. Exigimos la aceleración de las causas por crímenes del terrorismo de Estado que todavía duermen en los tribunales.
Basta de dilaciones en la causa Feced III, que acaba de ser postergado. Exigimos el inicio de esta emblemática causa, que incluye como acusado nada menos al cura Eugenio Zitelli.
Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Pacini, cometidos por la policía de Reutemann en diciembre de 2001.
Repudiamos todo acto de amedrentamiento, persecución y espionaje a organizaciones sociales y populares. No a la judicialización y criminalización de la protesta. Cierre de todas las causas abiertas contra luchadores y luchadoras. Libertad a Milagro Sala. Derogación de la Ley antiterrorista y de todas las normativas y legislaciones que prentendan penalizar el ejercicio de las libertades democráticas y el derecho a las manifestaciones sociales. Exigimos la derogación del protocolo antiprotesta del gobierno nacional y que el gobierno provincial no aplique éste ni otro similar en Santa Fe.
Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de todos los militantes sociales, políticos y gremiales, como los del maestro Carlos Fuentealba; el presidente de la Federación Nacional Campesina y dirigente originario Mártires López; y los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Repudiamos la prisión domiciliaria de José Pedraza, condenado por el homicidio de Mariano Ferreyra.
Repudiamos la demonización de la militancia por parte del gobierno de Mauricio Macri.
En defensa de La Toma, no al desalojo.
Por la plena vigencia e implementación de la Ley de Medios, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Ley de Salud Mental.
Exigimos la democratización de la Justicia.
Exigimos justicia para todas las víctimas de gatillo fácil y violencia institucional, que tiene en los casos de Franco Casco y Gerardo Escobar –por haber sido además desaparecidos–, dos causas emblemáticas en nuestra ciudad. Reclamamos Justicia por el asesinato de Jonatan Herrera cuyo juicio se está desarrollando por estos días.
Reclamamos la aparición con vida de Valentín Reales
No olvidamos el asesinato de la militante social Mercedes Delgado.
Por políticas para la vida para todos nuestros pibes y pibas. Basta de narcopolicías, represión e impunidad. No a la baja de la imputabilidad. Por el fin de institutos como el IRAR.
Exigimos al Estado Vaticano la apertura de sus archivos secretos de la represión asesina en Argentina y que sean entregados al pueblo argentino.
Exigimos la apertura de los archivos del Departamento de Estado sobre la dictadura en Argentina y todo el plan Cóndor.
Exigimos justicia y el esclarecimiento por la desaparición de Jorge Julio López.
Ante la farsa del juicio en el que se consideró el crimen de Silvia Suppo, como un homicidio común, exigimos un nuevo juicio que reconozca el asesinato de nuestra compañera, por su carácter de testigo y querellante en las causas de lesa humanidad.
Exigimos Justicia por los cuatro desaparecidos de la Tablada
No al asedio golpista, económico, mediático e imperialista contra los gobiernos populares de latinoamérica. Viva la patria grande.
Exigimos la profundización de las políticas públicas de Memoria Verdad y Justicia. Repudiamos el vaciamiento y los despidos en programas fundamentales en el marco de esas políticas, así como los que están ocurriendo en todos los niveles del Estado.
Repudiamos el plan económico de Mauricio Macri, de ajuste y endeudamiento; que sube precios y tarifas al pueblo, quita impuestos y retenciones al poder económico concentrado, deteriora el salario, limita las paritarias y genera despidos masivos.
Nos comprometemos nuevamente, en este Monumento Nacional a la Bandera, a seguir luchando por la definitiva independencia.
No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos
Espacio Juicio y Castigo Rosario
Foto: Andrés Macera
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